ElTiempo-Sep02-PostDecreto2085.htm

CID-MED:
Centro de Información
y Documentación del
MEDICAMENTO

Archivo Digital
Archivo de artículos y trabajos publicados en Internet que -por su importancia- almacenamos en este formato especial para ser consultados SOLO cuando la fuente original no se encuentre disponible.

La protección adicional a las grandes farmacéuticas en blanco y negro
El gobierno mantuvo la decisión de preservar la salud pública.

El fin de esta batalla por el mercado colombiano de medicamentos, valorado en 2,7 billones de pesos anuales, sí dejó, a diferencia del lenguaje diplomático utilizado para otras confrontaciones, vencedores y vencidos.

El Gobierno, en medio de las radicales peticiones de las multinacionales farmacéuticas y las también radicales posiciones de los laboratorios nacionales, se fue por una línea que no es, precisamente, la del centro.

El decreto 2085, expedido el pasado jueves, prohíbe a la industria nacional fabricar, durante un mínimo de tres años y un máximo de cinco, medicamentos nuevos de las multinacionales.

El fondo de la decisión es lograr el acceso al mercado de Estados Unidos, sin pagar aranceles, de por lo menos de 700 productos incluidos en la renovada y ampliada Ley de Preferencias Arancelarias Andinas (Atpa).

El gobierno estadounidense y las grandes casas productoras de medicamentos -agrupadas en Afidro- presionaron largo tiempo por una protección que, dicen, está contemplada en las normas de propiedad intelectual de la Organización Mundial de Comercio (OMC) y que Colombia no cumple. No hacerlo, ponía en riesgo las ventajas del Atpa.

Se pretendía, y lo consiguieron, que el Invima no apruebe a la industria local la comercialización de medicamentos (copias o genéricos, como se les conoce coloquialmente) con base en la información que las multinacionales entrega a la entidad para obtener sus permisos. En lenguaje llano, salvaguardar el secreto industrial (información no divulgada).

Para el ministro de Salud, Juan Luis Londoño, que junto con el presidente Álvaro Uribe firmó el decreto, se logró "el gran equilibrio" entre la protección a la propiedad intelectual y el acceso de los colombianos a medicamentos de calidad. Una declaración donde, a todas luces, no hay ganadores (salvo la población), ni perdedores, y es propia de un funcionario de su rango.

Para que no meterse en el berenjenal de un debate sobre propiedad intelectual, que de todas maneras se dio previa a la expedición del 2085, la filosofía del decreto es eminentemente sanitaria y por esto no está firmado por el Ministro de Comercio Exterior. Al margen, el Gobierno asegura que siempre ha respetado y respetará las normas de la OMC sobre la materia.

En el punto sanitario es donde fácilmente se puede percibir si hubo o no vencedores y vencidos. Aunque el presidente de Asinfar, gremio de los laboratorios nacionales, Alberto Bravo, "lamenta la decisión del Gobierno", lo cierto fue que se salió bien librado de esta contienda frente a las exigencias de las multinacionales, pues la prohibición se inicia con tres años y se amplía a cinco a partir de septiembre del 2005.

Los grandes laboratorios internacionales pedían, entre otras cosas, protección por 10 años, que luego redujeron a 5, pero desde ya. Con el agravante de que la medida fuera retroactiva. Lo que llevaría no solo a la salida del mercado de cientos de medicamentos producidos por la industria local sino que exponía al Estado a millonarias demandas por violación de los acuerdos de la OMC. El decreto solo protegerá la información sobre nuevos medicamentos.

Igualmente, pedían protección para los segundos usos (en patentes, la discusión está sobre la mesa) e incluso si la comercialización autorizada de sus productos no se llevaba a cabo, señaló una fuente que participó en las negociaciones. Nada de esto consiguieron.

Otra exigencia de las multinacionales, según la misma fuente, fue que ni siquiera con estudios de bioquivalencia y biodisponibilidad la industria nacional pudiera fabricar medicamentos, cuyos precios son más bajos que los de aquellas. El decreto, en cambio, autoriza su producción una vez cumplido ese requisito.

El pronunciamiento muy moderado de Alberto Bravo es señal de que sus agremiados esperaban algo peor.

Margarita Villate, presidenta de Afidro, se declaró apenas "satisfecha" con el decreto, con el cual, agregó, Colombia ha buscado adecuarse a las normas internacionales sobre propiedad intelectual, lo que indica que para las multinacionales este capítulo no está cerrado. O como bien lo dijo un miembro del gremio que pidió reserva de su nombre, "en las negociaciones del Alca nos veremos nuevamente".

Quizás la parte relevante de la medida para aplacar los temores de un alza de precios o escasez de medicamentos, ante la posición monopólica que puedan tener los laboratorios internacionales por la protección adicional, es la facultad que se reservó el Gobierno para una eventualidad de esa naturaleza.

En efecto, reza el artículo cuarto que la protección no aplica "cuando sea necesario para proteger lo público". Lo cual es entendido por el Ministro de Salud como el acceso de la población a medicamentos y terapias de alto costo (tratamiento contra el sida o cáncer, por ejemplo) con impactos negativos en las finanzas personales y del sistema de salud.

Además, dijo Londoño, al aplicarse el decreto hacia el futuro se salvaguardaron los 320 medicamentos esenciales que tienen mayor impacto en la salud y están incluidos en el Plan Obligatorio de Salud que administran las EPS y las ARS.

Lo anterior, sin olvidar que la Ley 100 de 1993 permite la intervención de los precios de los medicamentos cuando haya alzas exageradas, y "estoy dispuesto a utilizarla si esa situación se presenta", advirtió el jefe de la cartera de Salud.

No es gratuito, entonces, que el director del programa de medicamentos de la OMS, Germán Velásquez, quien ha librado una verdadera lucha con las multinacionales, le haya manifestado a Londoño que "en el contexto en el que se libró esta 'batalla', el decreto -al que calificó de valiente- es una victoria del sector salud".